Un proyecto de ley impulsado por el bloque Movimiento por lo que Viene propone derogar el artículo que establece la prohibición total del herbicida para dar paso a un esquema de transición sujeto a la disponibilidad y aprobación técnica de bioinsumos alternativos
La Cámara de Representantes de Misiones dio ingreso formal al proyecto de ley que busca revisar el marco regulatorio del glifosato en la provincia. La propuesta, elaborada por diputados del bloque Movimiento por lo que Viene, contempla la derogación del artículo 7 de la Ley VIII – N.º 103, el cual prohíbe taxativamente el uso de este agroquímico, sus componentes y formulaciones afines en todo el territorio misionero.
El planteo surge como respuesta a inquietudes y requerimientos presentados por diversos sectores productivos locales. La norma original —sancionada en 2023 bajo la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos— preveía inicialmente un período de adecuación de dos años para discontinuar el químico, plazo que posteriormente fue ampliado por el Poder Ejecutivo mediante una prórroga de cinco años destinada a actividades específicas del sector primario.
Un esquema de transición condicionado y certeza para el campo
La modificación legislativa apunta a sustituir los plazos rígidos por una transición progresiva y condicionada a la existencia real de productos sustitutos que cuenten con las debidas homologaciones sanitarias y comerciales.
El diputado provincial Juan José Szychowski remarcó que el espíritu de la iniciativa no implica descuidar la agenda ecológica, sino brindar previsibilidad jurídica y operativa a la agroindustria:
«Estamos muy comprometidos con cuidar el medio ambiente, pero el sector productivo necesita trabajar con insumos que estén debidamente aprobados y certificados para evitar inconvenientes al momento de comercializar la producción.»
Exigencias del mercado internacional y certificaciones
Uno de los ejes centrales expresados por los impulsores del proyecto radica en los estándares comerciales que rigen para las exportaciones misioneras. Los mercados compradores internacionales exigen que todo insumo utilizado en el proceso de cultivo disponga de la habilitación formal de los organismos fitosanitarios nacionales e internacionales de contralor.
Szychowski enfatizó que establecer fechas límite sin que los insumos alternativos dispongan de las certificaciones correspondientes genera incertidumbre en la cadena agroindustrial. Por ello, la propuesta parlamentaria busca garantizar que los productores puedan mantener su operatividad dentro de marcos normativos claros, mientras se acelera la investigación, desarrollo y validación técnica de nuevas alternativas biológicas en la región.