El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, reveló datos alarmantes sobre la situación del sector manufacturero: las aperturas de concursos preventivos se dispararon más del 130% en el último año solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante esta situación crítica, solicitó la intervención urgente del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y exigió al Congreso nacional la aprobación inmediata de un proyecto de ley de emergencia económica
Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, durante 2025 se registraron 190 concursos preventivos, contra 82 en 2023, lo que representa un incremento del 131,71%. La situación empeoró en 2026: durante el primer trimestre judicial se abrieron 92 procesos concursales, más que en cada uno de los años entre 2021 y 2024.
«Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil pymes, pero el ritmo de degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor», afirmó Rosato.
Cierre masivo de empresas y pérdida de empleos
El informe del Departamento de Legales de IPA, elaborado por Germán Pizzano, detalló que entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas. Como consecuencia, 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.
Desinversión sin precedentes
La contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión que se cristalizó mediante la pérdida neta de inversión extranjera directa, arrojando un saldo negativo histórico: la primera vez en 22 años. Importantes firmas multinacionales abandonaron el país, mientras que otras empresas locales se reconvirtieron en importadores para sobrevivir.
El informe de IPA destacó la incalculable pérdida de capital que significa tener bienes de uso inactivos, en un contexto donde existe una capacidad ociosa del 40,2%.
Propuesta de ley de emergencia
Para evitar la quiebra definitiva de las compañías, desde IPA plantearon implementar un remedio paliativo transitorio de emergencia basado en el Derecho de la Emergencia. La propuesta incluye suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión del período de exclusividad y facilitación al acceso a la solución preventiva.
«El empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia», sostuvo Pizzano.
El documento de IPA concluyó que este blindaje jurídico debe ir acompañado de un cambio en el rumbo macroeconómico del país, con condiciones propicias para el desarrollo del mercado interno que posibilite la recuperación productiva, mejores niveles de empleo, salario real y consumo masivo.