La Cámara de Representantes aprobó una reforma impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua que somete a control externo a las empresas y sociedades con participación estatal, y obliga a presentar los resultados cada año ante la Legislatura
La Cámara de Representantes de Misiones aprobó una modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas que amplía sus facultades para fiscalizar empresas y sociedades con participación estatal. La iniciativa, que surgió del Poder Ejecutivo, incorpora el control externo de los fondos públicos que administran estas organizaciones y establece la obligación de remitir los resultados de las auditorías a la Legislatura una vez al año.
La propuesta fue enviada por el gobernador Hugo Passalacqua e incorpora un segundo párrafo al artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. El nuevo texto extiende la fiscalización a las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal, a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y a las sociedades de economía mixta. También alcanza a otras entidades empresariales en las que el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o intervenga en la formación de las decisiones societarias.
Un control que, según el oficialismo, no existía en la provincia
El diputado provincial José Luis Pastori destacó el alcance de la reforma y sostuvo que introduce una obligación de control que, según afirmó, no se había establecido anteriormente en la provincia. «La propuesta le otorga más facultades al Tribunal de Cuentas, obligándole a controlar, auditar el dinero público que va a las empresas del Estado y en aquellas sociedades donde la provincia tiene participación», señaló.
Y agregó: «Esto representa un avance en materia de transparencia y permite que los misioneros conozcan en qué, cómo y cuándo se utilizan los recursos públicos en estas empresas».
Qué cambia en la fiscalización de las empresas
El diputado provincial Juan José Szychowski consideró que la modificación se suma a los controles internos, los balances y las auditorías que ya realizan las propias organizaciones. Explicó, además, que la intervención del Tribunal de Cuentas deberá concentrarse en los fondos públicos, sin sustituir las funciones de administración, gobierno o fiscalización propias de cada sociedad.
«El articulado establece expresamente que el organismo tendrá que respetar el régimen federal vigente en materia societaria y comercial, por lo que la ampliación de sus facultades no implica que pase a dirigir las empresas», aclaró.
Por su parte, el diputado Alejandro Fabián Arnhold explicó que ese límite resulta importante porque algunas de las sociedades alcanzadas también se rigen por normas comerciales. La intención, sostuvo, es que «el Estado pueda controlar los recursos dentro de las atribuciones que le reconoce la ley, sin interferir en las competencias de los órganos societarios».
Informes anuales ante la Cámara de Representantes
La reforma también establece que los resultados de la fiscalización deberán remitirse anualmente a la Cámara de Representantes. Esta obligación quedó incorporada en el artículo 2 de la norma aprobada y crea una instancia formal para que la Legislatura reciba información sobre los controles realizados en las empresas y sociedades comprendidas.
Arnhold explicó que la periodicidad de los informes responde a los cierres de ejercicio de cada sociedad. La presentación anual permitirá adecuar la rendición a esos períodos contables, mientras que el Tribunal de Cuentas podrá ejercer las demás facultades de control que le correspondan dentro del marco legal establecido.
Rendición de cuentas y respaldo documental
Pastori puso el foco en la responsabilidad de quienes administran esos fondos y en la documentación que respalda cada gasto. «Quien no está preparado para rendir cuentas no puede estar frente a un organismo», afirmó. Luego precisó que el Tribunal de Cuentas deberá verificar «si el gasto que hacen estas empresas se corresponde, si contiene los papeles respaldatorios».
Para el diputado, el cambio debe traducirse en «mayor claridad sobre el manejo de los recursos estatales». Y concluyó: «Así que me parece que esta es una ley que mejora la institucionalidad y la transparencia de la provincia».
Cuándo entra en vigencia
La norma comenzará a regir el 1 de enero de 2027. Desde esa fecha, el Tribunal de Cuentas contará con las nuevas atribuciones de fiscalización, mientras que la Cámara de Representantes deberá recibir anualmente los resultados de esos controles.