El oficialismo busca aprobar el próximo 6 de agosto la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sin modificar el capítulo más resistido: la eliminación del límite para que extranjeros compren tierras en Argentina. Aunque el debate ya fracasó en cuatro ocasiones anteriores en el Senado, desde el entorno de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, aseguraron que ese punto no se tocará porque constituye el núcleo central de la reforma
Antecedentes de una negociación tensa
Los primeros tres intentos de tratamiento naufragaron en sesiones marcadas por el escándalo vinculado a Manuel Adorni. El cuarto se dio después del triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en el Mundial, cuando en plena negociación con los bloques aliados se planteó que el proyecto incorporara la posibilidad de que cada provincia establezca sus propias reglamentaciones sobre venta de tierras.
Trascendió que el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, había cuestionado la redacción de ese artículo, lo que generó dudas entre los aliados. Bullrich pidió entonces postergar el debate para el 6 de agosto y se reunió con el funcionario para acordar posiciones. Según su versión, Sturzenegger terminó aceptando las modificaciones tras despejar sus dudas sobre el enfoque federal del planteo.
Desde La Libertad Avanza sostienen que buscarán aprobar el proyecto prácticamente sin cambios, con ajustes mínimos de redacción. Sin embargo, persisten resistencias entre los bloques dialoguistas: algunos legisladores cuestionan no haber sido informados sobre lo acordado con Sturzenegger, otros temen el costo político en sus provincias, y otros definen su postura según las negociaciones que llevan adelante sus propios gobernadores.
Qué está en juego con el límite a la extranjerización
Con la Ley de Tierras vigente, en Argentina podrían venderse a extranjeros más de 26 millones de hectáreas, una superficie equivalente a dos veces el territorio de Santa Fe. Según datos del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires, obtenidos a través de pedidos de información al Registro Nacional de Tierras Rurales, actualmente hay 13 millones de hectáreas en manos de empresas o personas extranjeras, un 5% de la superficie del país, por debajo del tope del 15% fijado por la ley de 2011.
Sin embargo, ese porcentaje es apenas un promedio nacional: en 36 departamentos ya se supera ese límite, y en el caso de Lacar, Neuquén, más de la mitad del territorio pertenece a dueños extranjeros. Uno de los coordinadores del Observatorio, Pablo Volkind, sostuvo que el interés oficial se concentra justamente en esas zonas estratégicas donde el tope ya fue superado y donde, bajo la normativa vigente, no sería posible autorizar nuevas compras.
Volkind también advirtió sobre un subregistro en las estadísticas oficiales, dado que desde 2017 casi no se solicitó información actualizada a los catastros provinciales. Según explicó, mientras en 2015 se contabilizaban 15 millones de hectáreas en manos extranjeras, la cifra de 2025 arrojó 13,2 millones, pese a que la extranjerización, según su lectura, se profundizó en la última década. Señaló además que el registro no contempla adecuadamente modalidades como el arrendamiento o la concesión, utilizadas por capitales chinos y sauditas en distintas provincias.
El factor Misiones y los gobernadores
Entre los elementos que condicionan la votación aparece la interna en Misiones entre el gobernador Hugo Passalacqua y el dirigente Carlos Rovira. Passalacqua se opone al proyecto por el riesgo que representa para las reservas de biodiversidad y los recursos hídricos en una provincia donde el 90% de los límites son frontera con Brasil y Paraguay, además del conflicto que genera con el sector yerbatero local. Rovira, en cambio, respalda la iniciativa oficialista.
En ese marco, trascendió que los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut podrían votar a favor del proyecto en general, en sintonía con Rovira, pero en contra del capítulo de tierras, como gesto hacia Passalacqua.
Con este panorama, el oficialismo llega al 6 de agosto sin los votos asegurados. La negociación con gobernadores y bloques aliados continúa abierta, y la definición final dependerá de acuerdos de último momento.