El Líder Supremo de Irán instó a las autoridades a actuar con máxima dureza contra los sectores internos a los que calificó como sediciosos, ordenando de forma explícita romper la espalda de quienes desafíen al régimen.1 Este endurecimiento del discurso doméstico coincidió con una fuerte escalada en la arena internacional, dirigida específicamente hacia la República Argentina tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de incluir a la Fuerza Quds en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).
La reacción oficial de Teherán llegó a través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, quien advirtió que la Argentina recibirá una respuesta adecuada por lo que consideran un gesto hostil de alto impacto político.3 En una rueda de prensa, el funcionario calificó la medida argentina como peligrosa desde una perspectiva política y argumentó que la resolución carece de sustento legal en el marco del derecho internacional.
Baghaei cuestionó la legitimidad de catalogar como organización criminal a una división que forma parte de las fuerzas armadas oficiales de un Estado soberano. Según la diplomacia iraní, la postura adoptada por la administración libertaria no solo ignora principios jurídicos globales, sino que profundiza la crisis diplomática entre ambos países, elevando la incertidumbre sobre las consecuencias de este nuevo enfrentamiento en el plano externo.