El Parlamento provincial aprobó un dictamen unificado que suprime la restricción del herbicida, amplía las autoridades de aplicación y busca adaptar la normativa a las condiciones reales de la producción agropecuaria e industrial
La Cámara de Representantes de Misiones aprobó una modificación integral a la Ley de Bioinsumos que deja sin efecto la prohibición del uso del glifosato en el territorio provincial. La iniciativa parlamentaria unificó los proyectos presentados por los legisladores Miguel Núñez, Martín Arjol y Juan Szychowski, sumados a las propuestas impulsadas previamente por los exdiputados Ariel Pianesi y Gladys Cornelius. El dictamen final fue elaborado por la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente y Cuidado Animal, siendo expuesto en el recinto por el diputado Enio Lemes en calidad de miembro informante.
La reforma introduce cambios estructurales en el marco regulatorio vigente. En primer lugar, la norma amplía el esquema de autoridades de aplicación: a la labor que desempeñaba el Ministerio del Agro y la Producción se le suma el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, articulando competencias específicas entre ambas carteras.
Asimismo, la legislación fortalece las atribuciones institucionales. Además de mantener el Registro Provincial de Productores de Bioinsumos, la firma de convenios de investigación, los estímulos financieros y el asesoramiento técnico, se incorpora formalmente la participación de las entidades representativas de los sectores agropecuario y forestal a través de canales de consulta, intercambio técnico y formulación de recomendaciones operativas.
El punto central de la reforma recae sobre la reformulación del artículo 7 de la ley original, el cual disponía la erradicación total del glifosato, sus componentes y productos derivados tras un periodo de transición de dos años. Con la nueva redacción, se elimina dicha prohibición y se establece que los insumos productivos podrán emplearse en Misiones siempre que cuenten con las certificaciones de los organismos competentes del ámbito nacional y de los mercados internacionales de destino de las exportaciones. A su vez, el proyecto deroga el artículo 8, que regulaba el régimen de sanciones e infracciones ambientales.
Durante la argumentación de las propuestas, Núñez remarcó la importancia de adaptar las exigencias ecológicas al escenario real del campo misionero, evitando incrementos en los costos operativos, pérdidas de rendimiento o pérdida de competitividad en los mercados exteriores. Por su parte, Arjol señaló la necesidad de unificar criterios con las regulaciones de la Nación para brindar previsibilidad jurídica a los productores sin superponer trámites burocráticos. En esa misma línea, Szychowski fundamentó que el avance hacia prácticas más sustentables debe realizarse de manera progresiva y compatible con la rentabilidad de las actividades económicas locales.
Al momento del debate en el recinto, el diputado Lemes subrayó que la decisión busca dar respuesta a las dificultades técnicas expresadas por los sectores productivos durante la vigencia de la norma sancionada en 2023. El legislador explicó que el reemplazo de los herbicidas tradicionales requiere de alternativas que resulten viables, eficaces, accesibles y debidamente homologadas.
Finalmente, se remarcó que el espíritu de la modificación legislativa es acompañar el proceso de transición productiva de forma responsable, garantizando el cuidado del medio ambiente sin restar competitividad ni dejar sin herramientas operativas a las familias y empresas que sostienen la economía regional.