Autoridades de 21 colegios de Abogados de todo el país se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires para analizar los perjuicios sociales de los proyectos de ley de divorcio administrativo y sucesiones notariales presentados por el gobierno nacional, en sintonía con el proyecto de Ley Hojarasca. El objetivo de esta amplia convocatoria, que contó con representación federal, fue coordinar acciones para concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos y la pérdida de derechos que significan estas medidas.

 

La intención de eliminar la intervención de la Justicia y el asesoramiento de un abogado de confianza deja a la ciudadanía desprotegida. "Sin la intervención judicial, ¿quién velará por los derechos de las personas? Un divorcio administrativo puede vulnerar los derechos de los hijos menores, ignorar situaciones de violencia, y omitir aspectos cruciales como la compensación económica o la determinación de la cuota alimentaria. Exhortamos a los legisladores al rechazo del proyecto garantizando así la defensa de los derechos de los más vulnerables", señalaron los referentes de la abogacía litigante federal.

 

Es fundamental proteger los derechos de todos los ciudadanos y garantizar un proceso justo y equitativo en situaciones tan delicadas como el divorcio.

 

Del encuentro participaron los representantes de los Colegios de Abogados de Villa María, Itatí Demarchi Arballo; de Córdoba capital, Emiliano Ramallo; de Salta, Sergio Díaz Lenes; de La Pampa, Susana Geminiani; de Ushuaia, Clemente Vidal Oliver; de Quilmes, Natalia Messina; de Catamarca, Exequiel Moreno; de La Matanza, Mariana Suárez; de Avellaneda-Lanús, Cecilia Chahin; de Entre Ríos, Enzo Cabrera; de Curuzú Cuatiá; Andrea Trianna; de Chaco, José Galassi; de Corrientes, Juan Bobadilla; de Morón, Sergio Arce; de San Martín, Andrea Sosa; de Villa Mercedes, Horacio Alonso; de San Luis, Flavia Molina; y de Jujuy, Ramiro Tizón. También estuvieron el titular de la Caja de Abogados de Rosario, Hernán Finnos; la presidenta de la Caja de Abogados de Salta, Julia Toyos Caja de Abogados de Salta; y el representante de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias (FEPU) de San Juan, Marcelo Álvarez.